Operación contra la corrupción urbanística en La Muela

[Criticón]

Becerril ´vendió´ a Aured gestiones que nunca se convirtieron en hechos
El edil le aseguró al empresario muelano que logró para un amigo un contrato que resultó no existir.Las firmas aludidas por la Policía destacan que en la fecha del ´pinchazo´ Arcosur no estaba adjudicado.

Ni Áridos y Hormigones Pedrola ha sido contratada en Arcosur, ni el socio aragonés de la UTE que urbaniza el polígono de VPO ha perdido esa contrata ni las firmas de amigos de Carmelo Aured consiguieron los contratos de los que este habló por teléfono con el concejal zaragozano y exteniente de alcalde Antonio Becerril. El edil le vendió al empresario muelano gestiones que no llegaron a materializarse.

La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía ha entregado en el Juzgado número 1 de La Almunia un informe, incorporado a las diligencias de la Operación Molinos, en el que documenta algunas conversaciones mantenidas entre el concejal y el empresario, e incluye papeles intervenidos en la casa del segundo. Esa documentación "corrobora", según los investigadores, que "la finalidad" del segundo con esos contactos era lograr contratos municipales para firmas de sus amigos "mediante la intervención de Antonio Becerril".

Este le comentaba algunos progresos, como la consecución de un contrato de 800.000 euros para Áridos y Hormigones Pedrola, que iba a suministrar el hormigóna a la urbanización de Arcosur, aunque eso iba a obligarle a conceder a la empresa aragonesa que integra la UTE de Arcosur "dos cosas que ya han pactado".

FECHAS Esas conversaciones se produjeron el 2 de diciembre del 2008, cuando faltaban casi cuatro meses para que, a finales de marzo del 2009, la Junta de Compensación de Arcosur adjudicara la urbanización a la UTE. Y el hormigonado, que a día de ayer no había comenzado, será realizado por el socio aragonés de la UTE y una multinacional del sector. Es decir, que Áridos y Hormigones Pedrola no fue nunca contratada por la urbanizadora de Arcosur.

"Nos hemos visto desagradablemente sorprendidos. No tenemos nada que ver con esa historia. Además, en esas fechas Arcosur no había sido adjudicado, con lo que mal podía acordarse una subcontratación de ese tipo", indicaron ayer fuentes de los dos socios de la UTE, que añadieron que "las conversaciones son anteriores al concurso". "Estamos sorprendidos por vernos en una historia con la que no tenemos nada que ver --añadieron--. Son manifestaciones de un tercero sobre nuestra empresa. No nos ha llamado Becerril, ni Aured ni la Policía".

Ambos socios sostienen que las adjudicaciones que obtuvieron del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) --tres obras por 14 millones de euros-- se debieron a la calidad técnica y económica de sus ofertas, y no a favores políticos. La misma tesis mantiene el Gobierno PSOE-PAR del Ayuntamiento de Zaragoza.

La Policía halló el 18 de marzo del 2008 en la casa de Aured la impresión de un correo electrónico de un directivo del socio madrileño de la UTE y otro papel manuscrito en el que, según concluye, "casualmente´ aparecen anotadas" algunas de las obras que les serían adjudicadas.

DATOS La defensa de Becerril, por su parte, considera que los datos del informe policial --adelantado por EL PERIÓDICO-- no aportan novedades incriminatorias para el edil, ya que no prueban que influyera sobre algún funcionario para favorecer a los amigos de Aured ni que le diera papeles confidenciales. Becerril no es representante municipal en Arcosur ni el FEIL pertenece a las áreas que llevaba --Infraestructuras y Participación Ciudadana--.

En este mismo sentido se pronunció ayer el vicealcalde Fernando Gimeno, quien apuntó que "no hay novedades" para hacer un análisis diferente al que ya se hizo hace meses sobre Becerril. Gimeno apuntó que el PSOE ha actuado con "mano de hierro" con el edil, ya que está retirado de las responsabilidades de gobierno desde hace casi un año. "Las auditorías fueron concluyentes y ahora solo confiamos en que el procedimiento judicial termine cuanto antes", añadió.

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La Audiencia mantiene imputado al escolta
El tribunal ve indicios de que trató de influir en un consejero de la DGA.

La Sección primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha resuelto mantener imputado en la Operación Molinos a A. R. V., el exescolta del consejero de Medio Ambiente de la DGA, Alfredo Boné, que había pedido el sobreseimiento de las actuaciones contra su persona en un recurso que ya había rechazado previamente el magistrado del Juzgado número 1 de La Almunia.

El joven, imputado como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, alegó que no tenía "ascendencia alguna para influir" sobre el consejero, al que, según la investigación, habría pedido que interviniera para desatascar la tramitación del polígono SR-1, una operación urbanística en la que había intervenido la empresa de su madre.

La Audiencia considera que en las diligencias que instruye el juez de La Almunia "se constata la existencia de conversaciones telefónicas que versan sobre una posible influencia sobre la decisión que debe tomar un tercero sobre unos terrenos", lo que considera "fundamento suficiente" para mantenerlo imputado.

El tribunal añade que esa imputación debe ser enjuiciada en la vista oral "o incluso antes de llegar a juicio si se constatara algún indicio o prueba que desarbolara la actualmente existente".

La defensa de A. R. V. ha solicitado varias veces la declaración de Boné como testigo, algo que el instructor ha negado alegando que está a la espera --desde septiembre-- de un informe policial que puede resultar de interés. La Audiencia ha respaldado esa decisión.

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[Criticón]

La DGA autorizó la venta de un millón de metros de suelo municipal
La Muela obtuvo en 18 años permiso para enajenarlo por 37 millones de euros.El valor oficial del terreno llegó a multiplicarse por 30 en ese periodo.

El Gobierno de Aragón ha autorizado la venta de más de un millón de metros cuadrados de suelo perteneciente al patrimonio municipal de La Muela desde que Mariví Pinilla llegó a la alcaldía, según señala un informe elaborado por CHA.

Los permisos de venta asignaban a esas parcelas, que sumaban 1.022.034 metros cuadrados, un valor total de 37.671.745 euros.

Dos terceras partes de esos terrenos formaban parte de una única parcela, de 688.565 metros cuadrados y con un valor de 2.317.481 euros, situada en la Zona Norte de la Urbanización Alto de La Muela. La resolución, fechada el 13 de agosto de 1990 y firmada por el entonces consejero de Presidencia del Ejecutivo PP-PAR, José Ángel Biel, fue la única aprobada mientras los aragonesistas gobernaron la comunidad en solitario, y en minoría, bajo la presidencia de Hipólito Gómez de las Roces. En esa legislatura, Pinilla se estrenaba como alcaldesa bajo las siglas del CDS para pasar, un año más tarde, a encabezar la candidatura municipal del PAR.

REVALORIZACIÓN Las otras siete autorizaciones, concentradas en los años 2003 a 2008, bajo el mandato de la alianza PSOE-PAR, afectaron a una superficie de 333.469 metros cuadrados valorados en 35.354.264 euros.

La revalorización del suelo en el municipio zaragozano ha sido notable en esas casis dos décadas, en las que La Muela experimentó uno de los mayores desarrollos urbanísticos registrados en toda la comunidad autónoma. El valor medio del suelo cuya venta fue autorizada en 1990 se situaba en 3,36 euros por metro cuadrado, mientras que el de las últimas legislaturas --las dos últimas coinciden con el boom del ladrillo-- se eleva a 106,01, lo que supone que su valoración se multiplicó por 31. No obstante, la tasación se redujo en el último permiso, fechado en julio del 2008 y en el que descendió hasta los 76,96 euros por metro.

COMPETENCIAS "También hay que decir que las ocho autorizaciones han sido firmadas por consejeros del PAR, seis por José Ángel Biel (...) y dos por Rogelio Silva", señala el informe de CHA. Hasta la creación de la Consejería de Política Territorial, Justicia e Interior, en julio del 2007, las competencias de Administración Local, que incluyen la autorización a los ayuntamientos para enajenar bienes cuyo valor superara un determinado porcentaje del presupuesto municipal, estaban en manos del Departamento de Presidencia, desde el que fueron traspasadas al nuevo.

El estudio elaborado por los nacionalistas señala que dos autorizaciones autorizan la transmisión del suelo a la Sociedad Urbanística Municipal (SUM): cuatro parcelas que sumaban 18.011 metros por 4.988.159 euros en junio del 2005 y 18 fincas con una superficie conjunta de 184.064 metros y un valor de 2.253.795 el 28 de abril del 2003, a un mes de las penúltimas elecciones municipales de ese año.

Otros cuatro permisos corresponden a permutas. La enajenación por este sistema fue autorizada en dos ocasiones para dos parcelas cuyo valor se duplicó en un año: 29.752,85 metros valían 9.818.934 euros en el 2006 y 18.267.050 en el 2007. Ninguna de las dos obras por las que iba a canjearse --el tranvía y un puente- sobre la A-2-- se ha ejecutado.

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[Criticón]

El juez reduce a siete las once imputaciones iniciales al edil Rodrigo Vela

El juez de La Almunia ha reducido a siete posibles cargos las imputaciones que, en la actual fase de la instrucción, pueden recaer sobre el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, detenido el pasado 18 de marzo del año pasado como presunto autor de un total de once delitos.

En un reciente auto, el magistrado del Juzgado número 1 de La Almunia señala que al edil "se le imputan, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica", los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas, exacciones ilegales y blanqueo.

En la resolución no cita las imputaciones de revelación de secretos, uso de información privilegiada y fraude en las subvenciones que aparecían en el atestado policial previo a la redada ni el cargo de tenencia ilícita de armas al que inicialmente se enfrentaba, tras hallar los investigadores en su domicilio una pistola sin papeles.

El juez considera, no obstante, que "la comisión de estos hechos" le generó "indebidamente importantes beneficios económicos constatados a través del cobro de comisiones ilícitas y un nivel de vida superior a los ingresos declarados por él y su familia". Paralelamente, añade el instructor, esas presuntas corruptelas provocaron "también perjuicios económicos para el Ayuntamiento de La Muela, del que es concejal".

Rodrigo Vela era el imputado en la Operación Molinos sobre el que inicialmente recaía mayor número de cargos. Fue detenido bajo la misma acusación que la alcaldesa, Mariví Pinilla, con la excepción de la tenencia de armas.

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[Criticón]

La DGA se desvincula de nuevo de cualquier responsabilidad en La Muela
Velasco achaca a una ley de 1999 el presunto caso de corrupción.El PP y CHA siguen considerando que fomentó "el caldo de cultivo".

El consejero de Presidencia, Javier Velasco, lo dejó bien claro en los primeros segundos de su comparencia para hablar de las posibles responsabilidades del Gobierno de Aragón en el presunto caso de corrupción de La Muela: "No tenemos ninguna responsabilidad". Bajo esta premisa, y con esta simple frase, el intenso debate que se celebró ayer en las Cortes quedó neutralizado.

Ya no hubo más posibilidad de discusión, a pesar de que los grupos que solicitaron la comparecencia (aceptada 14 meses después de que estallara el caso) insistieron en sus tesis: el Ejecutivo de Aragón tiene responsabilidad política y propició un caldo de cultivo que fomentó o facilitó que se diera este caso. En cambio, Velasco insistió en que el Gobierno de Aragón no tiene "ningún mecanismo de control" sobre los alcaldes que quieran "cometer un delito". Además, recordó que es un asunto "muy grave", que se debe dejar actuar a la Justicia y que en cualquier caso solo ha habido un caso aislado, algo que también recordó en su intervención el diputado del PAR, Miguel Ferrer, quien dijo algo cuando menos interpretable: que el Gobierno de Aragón no tiene mecanismos para interferir en la autonomía municipal.

ACUSACIONES CRUZADAS Fueron Nieves Ibeas, de CHA, y Eloy Suárez, del PP, los que exigieron explicaciones a Velasco. Las respuestas no les convencieron, puesto que este se remitió a la ley del suelo aprobada en la época en la que gobernaba el PP para asegurar que esa ley sí podía inducir a casos de corrupción. "Hoy, eso sería imposible porque desde el 2009 los informes de las comisiones de urbanismo son vinculantes", aseguró Velasco, quien recordó que los delitos "los cometen las personas". Además, insistió en que no se puede hablar de "delitos urbanísticos" a pesar de que poco después apuntó que el juez ha reclamado al Gobierno de Aragón abundantes documentos.

OPINIONES Velasco no entró en valoraciones que él circunscribió a la investigación. Y tildó de opiniones las menciones directas de Ibeas y Suárez a aspectos recogidos en el sumario y autos que aseguran que hubo influencias sobre miembros de la comisión de ordenación provincial del territorio que tuvieron "éxito" para acelerar la ejecución del plan urbanístico de La Muela.

Precisamente, Suárez le preguntó por esta cuestión: "¿Por qué en La Muela procede un desarrollo del suelo que no procede en otros municipios como por ejemplo Figueruelas?". Asimismo, recordó que hay localidades que tardan en desarrollar planes hasta siete años, mientras que en el caso de La Muela, esto sucedió en pocos días. "Los aragoneses merecen una explicación, porque su gobierno pudo haber parado lo que sucedió en La Muela".

Tanto Suárez como Ibeas diferenciaron las responsabilidades políticas de las judiciales o penales, e instaron al Gobierno a que las asuma y a que dé explicaciones sobre el papel del Ejecutivo en las actuaciones que han acabado incluidas en el sumario, en el que aparece como principal imputada la alcaldesa del municipio, María Victoria Pinilla.

También Ibeas señaló que aunque no haya imputaciones entre los miembros del Gobierno, tienen obligación de dar explicaciones, porque sus actos tienen que ver con las actuaciones urbanísticas de los ayuntamientos, también del de La Muela. Ibeas fue muy concreta en sus preguntas, ninguna se respondió.

Entre otras, le preguntó por determinadas subvenciones cobradas y sin justificar y por determinados trámites que intentó frenar el propio Velasco pero que luego, desde la consejería de Política Territorial, dirigida por el PAR, obtuvieron el visto bueno Y no fueron respondidas por tratarse, según explicó de Velasco, de asuntos que están en un sumario y que aparecen en la prensa. Pero el Gobierno, dijo "no tiene el sumario", por lo que solo puede hacer valoraciones políticas. Y estas, recordó, las ha hecho el propio Iglesias, "les guste más o menos".

PERSONARSE EN LA CAUSA Nieves Ibeas avanzó que su partido propondrá al Ejecutivo que se persone en la causa abierta por el juez Alfredo Lajusticia, por considerar que es su obligación "defender los intereses de Aragón".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, por su parte, condenó cualquier caso de corrupción. Recordó que su partido ha denunciado casos como el de Seseña y han acabado imputados precisamente por denunciarlos y lanzó una reflexión: está bien hablar de las implicaciones políticas, pero es necesario un debate para acabar definitivamente con los corruptores, "ponérselo difícil a los chorizos". "Cuando quieran --sentenció-- hablamos en serio de la corrupción".

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El consejero de Presidencia dice que "no tenemos ninguna responsabilidad" ni mecanismos de control



El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, negó toda responsabilidad de miembro alguno del Ejecutivo autónomo en el caso de corrupción urbanística de La Muela (Zaragoza) y recordó que el Gobierno carece de mecanismos legales de control de la legalidad en las Administraciones locales. "No tenemos ninguna responsabilidad", dijo.

Velasco sustituyó hoy al presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias, en la comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Aragón, donde afirmó que, tras la reciente modificación de la legislación aragonesa que atañe al urbanismo, "sería imposible" aprobar la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, años atrás, permitió a la alcaldesa muelana, María Victoria Pinilla, realizar las operaciones urbanísticas que motivaron la investigación judicial.

Según el consejero, las imputaciones sobre una alcaldesa y 23 personas más "son de suficiente gravedad para dejar que el proceso judicial siga su procedimiento normalizado" y el Gobierno autónomo "no tiene ningún mecanismo para controlar a ningún alcalde que quiera cometer un delito de la envergadura" del caso que se juzga en el caso La Muela.

"No hay ningún miembro responsable del Gobierno de Aragón que haya sido imputado", aseveró el consejero, quien insistió en que, en el Gobierno regional, "no tenemos ninguna responsabilidad" en este caso.

Javier Velasco señaló que los informes sobre los PGOU se aprueban después de que opine "mucha gente", entre otros los técnicos municipales, autonómicos y los políticos locales.

El titular de Presidencia señaló que el PSOE ha configurado acuerdos sobre urbanismo, infraestructuras y obras con partidos de todos los signos políticos, en los Ayuntamientos, y el de La Muela es el primer caso de corrupción judicializado. "Podemos sentirnos satisfechos en conjunto porque en 11 años sólo este caso está en los tribunales", sentenció Velasco.

Velasco señaló que el Gobierno de Aragón no tiene copia alguna del sumario que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) sobre el caso, por lo que "no lo podemos valorar".

Javier Velasco contó con el apoyo de la diputada del PSOE Maite Pérez, quien dijo que el caso La Muela se ha convertido en una "herramienta para desgastar al Gobierno" autónomo y opinó que "no se trata de dar opiniones" en el Parlamento sobre el caso, ya que el "nivel de responsabilidad" es mayor.

"No entiendo cómo se puede estar exigiendo responsabilidades" al Gobierno autónomo, entre otros motivos porque, durante la instrucción judicial, hasta ahora, "no se ha plantedo ninguna duda" sobre hipotéticas responsabilidades jurídicas del Ejecutivo regional.

Al PSOE "no le gusta" que ningún cargo público que haya estado en la cárcel y continúe imputado siga como alcalde, en alusión a la alcaldesa, María Victoria Pinilla.

El diputado del PAR, Miguel Ferrer, manifestó la condena de los regionalistas sobre todos los casos de corrupción y pidió que caiga todo el peso de la Ley sobre aquellas personas relacionadas con la corrupción, tras lo que reivindicó el derecho a la presunción de inocencia y proclamó que la mayoría de los cargos públicos son inocentes.

"El caso La Muela es aislado", continuó Miguel Ferrer, quien confió "plenamente" en el Estado de Derecho y aseguró que los regionalistas seguirán trabajando "por y para Aragón".

OPOSICIÓN

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eloy Suárez, señaló que la coalición PSOE-PAR ha atacado "la calidad de la democracia" por haber tardado más de un año en llevar al Pleno de las Cortes el debate sobre la corrupción en La Muela.

Suárez prosiguió afirmando que decir que la coalición autonómica PSOE-PAR no tiene nada que ver en el caso es "negar la realidad" y añadió que de lo ocurrido en La Muela "hay responsables penales y políticos", los últimos de los cuales deben ser señalados en el Parlamento autónomo.

El dirigente del PP-Aragón negó que "la culpa" del caso sea de "la Ley" y no a personas concretas, tras lo que explicó que todos los delitos que se imputan a los acusados "tienen la misma base", como es la expansión urbanística descontrolada en La Muela.

Eloy Suárez preguntó a los miembros del Gobierno si "ustedes tienen la conciencia tranquila", tras lo que expresó que el Gobierno PSOE-PAR "podía haber parado" lo que se estaba preparando en La Muela, pero optó por favorecer "el caldo de cultivo".

La presidenta de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, criticó, al igual que Suárez, que el debate de hoy se haya retrasado 14 meses desde que fue solicitado, lo cual "no entiende nadie" y aprovechó para criticar al jefe del Ejecutivo autónomo por no participar en el debate.

La presidenta de CHA dijo que la mayor parte de la clase política "son gente honrada" y expresó que el ejercicio de la política "debe fundamentarse en el principio de servicio a la sociedad".

Ibeas preguntó sobre las posibles "responsabilidades" del Gobierno autónomo en el caso y aseveró que el caso La Muela "tiene que ver con el urbanismo" y también con "la falta de ética, la falta de honestidad", tras lo que indicó que la Comisión Provincial de Urbanismo "funcionaba antes y ahora" y es, precisamente, la pieza que relaciona al Gobierno de Aragón con el caso.

La parlamentaria de Chunta quiso saber cómo se justifican "los cambios de criterio y la arbitrariedad absoluta" que a su juicio está presente en el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes respecto al caso La Muela y aludió a las sorpresivas modificaciones de criterio, supuestamente por "presiones", en las decisiones del Departamento.

Ibeas dijo que el Ayuntamiento de La Muela vendió suelo por valor de más de 6.000 millones de las antiguas pesetas, la mayor parte durante la coalición de Gobierno autonómico PSOE-PAR.

La dirigente de CHA espetó a Velasco que "podían haber hecho algo" y recordó que fue el propio Velasco quien propuso suspender el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace más de tres años, pero se opuso a ello "el señor Biel".

Preguntó a Velasco "por qué silencia" las actuaciones realizadas por la Administración autónoma en el caso y como ejemplo mencionó la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT), que autorizó las operaciones urbanísticas.

Asimismo, Nieves Ibeas vinculó el caso al Partido Aragonés (PAR) y solicitó que el Gobierno de Aragón se persone como parte en la causa judicial.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, recordó que hay otros casos de corrupción, como la red Gürtel o el supuesto caso de la localidad de Seseña (Toledo), cuya denuncia por parte de IU ha derivado en la imputación de los propios denunciantes.

"Sinvergüenzas, chorizos, corruptos, a la cárcel", animó Barrena, quien urgió a impedir que los tránsfugas puedan concurrir a las elecciones.

http://www.europapress.es/aragon/notici ... 24757.html

[Criticón]

El juez rechaza levantar los embargos al exesposo de Pinilla
Le indica que eso no impide que abra otras cuentas para operar.

El magistrado del Juzgado número 1 de La Almunia ha rechazado la petición de levantamiento de embargo sobre sus bienes y cuentas bancarias presentada por Juan Antonio Embarba, el exmarido --están en trámites de divorcio-- de la alcaldesa de La Muela.

Embarba, agricultor de profesión, sostiene que carece de medios para vivir y que hasta ahora ha recibido el apoyo económico de familiares y amigos que ya no pueden seguir manteniéndole mientras sus deudas continúan creciendo y alguna entidad bancaria ya le ha comunicado que va a iniciar trámites de embargo si no cubre las cuotas hipotecarias que adeuda. Así, reclamó poder utilizar el dinero de sus cuentas para operar como empresario.

El instructor de la Operación Molinos ha denegado la petición en un auto en el que le indica que los embargos están dictados sobre las propiedades y cuentas que se ordenaron en marzo del año pasado, lo que no es óbice para que pueda abrir otras libretas y trabajar con ellas.

Por otro lado, el juez ha denegado la solicitud de archivo de las actuaciones formulada por otro de los imputados en la Operación Molinos, al que le indica que "pende todavía recibir informes de la Policía Judicial" que "podrían poner de manifiesto nuevos indicios" delictivos contra él.

http://www.elperiodicodearagon.com/noti ... kid=580453

[Criticón]

La hermana y dos hijos de Mariví Pinilla, detenidos por presunto blanqueo de capitales
Los tres acudieron ayer a declarar ante la Policía y quedaron en libertad con cargos a la espera de ser citados por el juez instructor Se investigan algunos ingresos no justificados en la cuenta familiar.



La hermana y los dos hijos menores de la alcaldesa de La Muela fueron interrogados ayer por la Policía como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales vinculado con la Operación Molinos. Aunque los tres acudieron a la Jefatura Superior por su propio pie, todos ellos declararon en calidad de detenidos, por lo que contaron con asistencia letrada. Tras responder durante cuatro horas a las preguntas de los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales, tanto los hermanos -Jorge y Antonio Embarba Pinilla- como su tía, María Dolores Pinilla, quedaron en libertad con cargos.

Hasta ahora, además de Mariví Pinilla, figuraban como imputados en la presunta trama de corrupción urbanística el ex marido de esta, Antonio Embarba, y el primogénito de ambos, Víctor Embarba Pinilla. El primo de la alcaldesa, Carmelo Aured, también imputado, tiene un peso importante en la investigación, ya que sus llamadas telefónicas sirvieron para implicar al edil del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril y a un grupo de diez empresarios.

A la lista de familiares investigados se suman ahora estos tres, que han quedado libres, pero con la obligación de comparecer ante el juez cuando este lo requiera. De momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, encargado de las diligencias, no tiene señaladas nuevas citaciones. En cualquier caso, a la vista del avance de las pesquisas, parece muy probable que en breve se repita el desfile de imputados en sede judicial.

La Policía tomó ayer las huellas tanto a los dos hermanos como a su tía, a los que también se hizo la habitual reseña para su incorporación a las bases de datos. De momento, no han trascendido los hechos concretos que se imputan a cada uno de los tres miembros del clan Pinilla, que declararon asistidos por el letrado Javier Notivoli. Sin embargo, su arresto podría estar relacionado con la comisión rogatoria que el juez instructor envió a Estados Unidos.

El magistrado siempre ha creído que la familia Pinilla guarda parte de su patrimonio fuera de España, y ya ha hecho varias gestiones para encontrarlo e inmovilizarlo. Además de a la República Dominicana y a Luxemburgo, Lajusticia solicitó la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos, ya que la Agencia Tributaria detectó el envío de varias partidas de dinero a este país.

A través de los informes facilitados por la Hacienda Pública, la Policía averiguó que Juan Antonio Embarba envió 14.782 euros en el año 2004 a Estados Unidos. A la hora de justificar la operación bancaria, dijo que era para turismo y viajes. Sin embargo, los investigadores y el juez creen que este podría ser titular de alguna cuenta, depósito o fondo en alguna entidad norteamericana.

Lo mismo sospechaban de Jorge Embarba Pinilla, ya que también este envió dinero. Por los datos recopilados por el fisco, fueron 12.628? y se mandaron en 2006.

En el escrito dirigido a las autoridades estadounidenses, se explicaba que se investiga la implicación de los tres hijos de la alcaldesa -Víctor, Jorge y Juan Antonio Embarba Pinilla - "en el blanqueo de capitales de las ganancias obtenidas ilícitamente" por su madre, en el desarrollo de su labor al frente del Consistorio de La Muela.

Ingresos de 'casi' 3.000 euros

La Policía tomó ayer también declaración como testigo al que fuera director de la sucursal de Cajalón en La Muela entre 2005 y 2007, quien colaboró con los agentes y les explicó que en ese periodo se efectuaron nueve ingresos sin justificar en la cuenta familiar de los Pinilla. Según ha podido saber este periódico, las cantidades nunca superaban los 3.000 euros, lo que impedía que saltaran las alertas establecidas para la prevención del blanqueo de capitales. Cuando el ingreso es superior a esta cantidad, la entidad tiene obligación de comunicarlo al Banco de España. Pero al estar en el límite, no se hacía necesario.

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/l ... tales.html

La Policía interroga como sospechosos a la hermana y a dos hijos de Pinilla
Los vástagos mayor y mediano, este ya encartado, y su tía testificaron ayer en la Jefatura Superior.La Brigada de Blanqueo reactiva el caso y toma declaración como imputada a una cuarta persona.

La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía ha dado un nuevo impulso a las investigaciones del Caso La Muela. Dolores Pinilla, hermana de la alcaldesa, y los dos hijos mayores de la edila, Jorge y Víctor, declararon a lo largo de la mañana de ayer como imputados en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. También lo hizo una cuarta persona cuya identidad no trascendió. Todos ellos quedaron en libertad con cargos.

Ahora, los investigadores remitirán las diligencias practicadas ayer al Juzgado número 1 de La Almunia, cuyo magistrado, Alfredo Lajusticia, decidirá si los cita a declarar en sede judicial y si los llama en calidad de imputados o de testigos. El primer caso --el más probable según apuntaron fuentes policiales y jurídicas-- la nómina de encartados en la Operación Molinos ascendería a 39 personas, ya que una de las cuatro que fueron interrogadas ayer --Víctor Embarba Pinilla-- está imputado desde la redada del 18 de marzo del 2009.

Las comparecencias empezaron poco después de las diez de la mañana y se alargaron unas cinco horas, hasta pasadas las tres de la tarde. El primero en declarar fue Víctor Embarba Pinilla, hijo mediano de la alcaldesa. Le siguió su hermano mayor, Jorge, y tras este entró Dolores Pinilla.

Ayer no trascendió el contenido de las declaraciones. Fuentes jurídicas relativizaron la gravedad de las imputaciones ya que fueron citados, y no detenidos y conducidos a comisaría.

Los Pinilla no solo tienen relaciones familiares. Dolores fue apoderada de Olvic 2005, la inmobiliaria creada por su sobrino Víctor y su esposa, Olga González Aured, que en el 2008 declaró activos por 1.722.909,89 euros.

PESQUISAS La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación que, como ha puesto de manifiesto en algunos de los informes remitidos al juez, podrían dar lugar a la implicación de más personas y a la imputación de nuevos hechos delictivos a otras ya encartadas.

Una de esas líneas de trabajo consiste en rastrear en EEUU --concretamente en Puerto Rico-- la existencia de cuentas bancarias, depósitos, cajas de seguridad o productos financieros a nombre de los hijos de Pinilla. La Brigada de Blanqueo pidió al juez que solicitara esas gestiones a las autoridades estadounidenses, y que ordenara el bloqueo de los fondos que pudieran aflorar, tras detectar, entre otros movimientos, el envío de 12.628 euros a ese país por parte de Jorge en el año 2006.

"Se investiga asimismo la implicación de los hijos (...) en el blanqueo de capitales de las ganancias obtenidas ilícitamente por su madre, María Victoria Pinilla Bielsa, en su labor como alcaldesa", señalaba el oficio por el que la Policía pedía al juez esas medidas, que tenían como objetivo, entre otros, el "descubrimiento de otras personas relacionadas con los imputados" que "pudieran haber colaborado con ellas en labores de blanqueo".

Los cuatro encartados fueron arropados ayer por una veintena de familiares y amigos, entre los que se encontraban la alcaldesa, su ex esposo --Juan Antonio Embarba-- y varios vecinos de La Muela, cuya presencia en el exterior de la Jefatura Superior de Policía fue visible a lo largo de toda la mañana.

http://www.elperiodicodearagon.com/noti ... kid=585094

[Criticón]

El juez de La Almunia imputa y llama a declarar a otros dos hijos de Pinilla
Cita al mayor y al pequeño, además de a su tía Lola y a un exdirector de Cajalón.Sus cuentas registraron ingresos de cientos de miles de euros en efectivo.



El juez de La Almunia ha citado a declarar como imputados a los hijos mayor y menor de la alcaldesa de La Muela, Jorge y Antonio Embarba, a su hermana Lola Pinilla, y a un exdirector de la sucursal de Cajalón en el municipio zaragozano, Alberto Lozano, a los que el Cuerpo Nacional de Policía considera autores de un delito de blanqueo de capitales. En el caso del bancario, como presunto cooperador. Los cuatro testificarán el próximo 26 de julio.

Las imputaciones se producen después de que dos nuevos informes de la Policía, adelantados la semana pasada por EL PERIÓDICO, desvelaran adquisiciones de valiosos bienes pagados en efectivo e ingresos en metálico en las cuentas del matrimonio formado por Mariví Pinilla y Juan Antonio Embarba, sus tres hijos --Jorge, Víctor y Antonio-- y Lola por más de cinco millones de euros.

Las cuatro nuevas imputaciones elevan a 41 la cifra de personas encartadas en las diligencias de la Operación Molinos, cuyas pesquisas fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción en octubre del 2007 y que poco después fueron unificadas con las que puso en marcha la Policía en diciembre de ese mismo año.

Los últimos informes policiales señalan que los Embarba-Pinilla disfrutaban de "un abultado patrimonio" y un tren de vida "que no se corresponde en absoluto con el que se derivaría de la actividad económica declarada".

El hijo menor, Antonio, dirigió la tienda Víctor´s Decoración, que bajó la persiana poco después de la redada de la Operación Molinos. En ella vendía muebles, objetos antiguos y piezas como el caballo y el león alado --metálicos-- colocados en la planta baja del Ayuntamiento de La Muela y los tres potros rampantes de la rotonda del paseo Reina Sofía. El comercio facturó algo más del 80% de las ventas realizadas entre el 2004 y el 2007 a empresas que habían obtenido contratas del consistorio que preside su madre.

La Policía considera acreditado que Antonio pagó en efectivo 42.000 euros para adquirir el Mercedes que habitualmente utiliza su padre.

Las cuentas del mayor, Jorge, registraron, entre el 2002 y el 2009, ingresos en metálico que suman más de 750.000 euros, dinero que la Policía considera de origen dudoso, como los 299.399 euros aflorados en la compra de naves y viviendas que no habían salido de sus libretas.

Paralelamente, la Brigada de Blanqueo detectó cómo cuentas en las que figura como titular Lola Pinilla recibían ingresos no justificados por valor de 110.397 euros entre el 2004 y el 2007. La hermana de la alcaldesa era la titular de la caja de seguridad en la que el juez de La Almunia intervino 378.000 euros en metálico.

Por último, los investigadores estiman que Lozano colaboró con los miembros de la familia al permitirles fraccionar ingresos en efectivo en cantidades menores y no detectables por el Banco de España.

http://www.elperiodicodearagon.com/noti ... kid=591587

La familia de Pinilla declarará ante el juez el 26 de julio
Junto a los tres nuevos imputados comparecerá también Alberto Lozano, director de la oficina de Cajalón en la Muela hasta enero de 2009.

La familia de María Victoria Pinilla que aún no había pasado por el juzgado lo hará el próximo 26 de julio. Esa es la fecha que el juez instructor del caso de presunta corrupción urbanística en La Muela ha fijado para tomar declaración a los hijos de la alcaldesa Jorge y Juan Antonio Embarba Pinilla, de 31 y 23 años, respectivamente, y a la hermana de la edil, María Dolores. Los tres se sumarán así a la situación de imputados por delitos de blanqueo de capitales que ya tenían la propia María Victoria Pinilla, su ex marido Juan Antonio Embarba y el hijo mayor de ambos, Víctor.

Junto a los tres nuevos imputados comparecerá también Alberto Lozano, director de la oficina de Cajalón en la Muela hasta enero de 2009. En esta sucursal, la familia Embarba-Pinilla hizo decenas de ingresos fraccionados. Casi nunca superaban los 3.000 euros para que no saltaran las alertas que detectan el blanqueo de capitales. Porque cuando la cantidad es superior, el banco o caja que los reciben están obligados a identificar a quien hace el ingreso e informar al Banco de España.

Según el último informe de la Policía, los agentes detectaron, entre otros muchos movimientos, 42 ingresos de 3.000 euros, 7 de 2.500, 2 de 2.000 y uno de 1.500. Cuando tomó declaración al director de la sucursal, este dijo que sabía que el clan Pinilla solía recurrir a esta práctica. Sin embargo, aseguró que no le pareció sospechoso.

Entre el dinero que la Policía ha cotejado que manejó la familia Pinilla, destacan seis millones de euros que Jorge Embarba, el menor de los hijos, se embolsó en 8 años. Ante la Policía, declaró que proceden de premios del Casino de Zaragoza.

http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza ... julio.html

[Criticón]

La familia Pinilla declara mañana ante el juez por la Operación Molinos
El instructor ha citado a dos hijos de la alcaldesa de La Muela y a su hermana.


María Victoria Pinilla, junto a dos de sus hijos y su hermana Dolores, el día que salió de la cárcel.

Cuando ya se vislumbra agosto, mes inhábil judicialmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia quiere 'rematar' la faena antes de las vacaciones y escuchar lo que tienen que decir los miembros de la familia Embarba-Pinilla que hasta ahora no han pasado por su despacho. El juez Alfredo Lajusticia ha citado para mañana a declarar a los hijos de la alcaldesa Jorge y Juan Antonio Embarba Pinilla, de 31 y 23 años, respectivamente, y a la hermana de la edil, María Dolores. Los tres se suman así a la lista de imputados por delitos de blanqueo de capitales que ya tenían la propia María Victoria Pinilla, su ex marido Juan Antonio Embarba y el hijo mayor de ambos, Víctor.

Junto ellos comparecerá también Alberto Lozano, director de la oficina de Cajalón en La Muela hasta enero de 2009. En esta sucursal, la familia Embarba-Pinilla hizo decenas de ingresos fraccionados -42 de 3.000 euros, siete de 2.500, dos de 2.000 y uno de 1.500- que sumaron 304.500 euros y de los que el bancario no sospechó (cuando la cantidad es superior a 3.000 euros el banco o caja están obligados a identificar a quien hace el ingreso e informar al Banco de España).

María Dolores Pinilla ya estuvo en el punto de mira al comienzo de la Operación Molinos, en marzo de 2009. El día 20 de ese mes una comisión judicial recorrió varias sedes bancarias en busca de cajas fuertes. En la oficina principal de Cajalón en Zaragoza, se abrió la número 273, de la que era titular la hermana de la alcaldesa. Durante su declaración ante la Policía, María Dolores Pinilla aseguró que contrató esa caja para guardar dinero 'B' que había heredado de su hermano. Sin embargo, la Policía está convencida de que los 378.000 euros que allí se encontraron eran de María Victoria Pinilla. Y para demostrarlo, recuerda que de las 49 veces que se abrió la caja, en 45 la tarjeta utilizada para acceder fue la de la alcaldesa, que estaba autorizada para hacerlo.

El matrimonio Embarba-Pinilla también tenía acceso a cajas de seguridad de las que eran titulares sus hijos. En concreto, la número 89 de Cajalón, a nombre de Juan Antonio Embarba Pinilla, de la que hacía uso casi siempre su padre. Y la número 51 de Barclays Bank, a nombre de Jorge Embarba, pero de la que disponía su madre.

El Grupo de Blanqueo de Capitales cree que esto no son meras coincidencias, sino que se trata de un mecanismo diseñado para 'lavar' dinero 'negro'.

En el último informe policial que ha llevado al juez a citar a la familia directa de la alcaldesa, destaca el manejo de dinero que hacía Jorge Embarba. En tan solo ocho años, 'tocó' seis millones de euros. Cuando la Policía le preguntó de dónde procedía, ya que la mayor parte era en efectivo y sin justificar, contestó que eran de premios del Casino de Zaragoza y que había padecido ludopatía.

http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza ... _juez.html

[Criticón]

Los Pinilla, libres tras declarar por el mayor blanqueo investigado en Aragón
El juez de La Almunia interroga a los hijos mayor y menor de la alcaldesa de La Muela y a su hermana.Sostuvieron que los ingresos de cientos de miles de euros en efectivo en sus cuentas tienen origen lícito.


Jorge Embarba sale a comer un bocadillo antes de declarar.


Dolores Pinilla sale del Juzgado de La Almunia tras prestar declaración ante el juez.

Salieron del Juzgado de La Almunia como entraron: imputados por un delito de blanqueo de capitales y sin ninguna medida cautelar sobre sus personas o su patrimonio. Jorge y Juan Antonio Embarba y Dolores Pinilla --hijos mayor y menor de la alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, y hermana, respectivamente-- abandonaron el edificio de la plaza de La Paz poco después de la una del mediodía, tras pasar en él algo menos de tres horas y media en las que, en turnos individuales, fueron interrogados por su presunta relación con el supuesto blanqueo de dinero de mayor envergadura investigado en Aragón.

Un informe de la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía fechado en junio concluye que entre el 1 de enero del 2002 y el 18 de marzo del 2009 seis miembros de la familia de la alcaldesa --ella, su exmarido Juan Antonio Embarba y el hijo mediano de ambos, Víctor, además de los tres citados ayer-- participaron en el blanqueo de cinco millones de euros cuyo origen vinculan a actividades presuntamente delictivas de la edila. Eso permitió al grupo, señala la Policía, disfrutar "de un abultado patrimonio y un tren de vida que no se correspondía en absoluto con el que se derivaría de la actividad económica declarada".

FONDOS El grueso de ese "capital que aparece de la nada" --en expresión policial-- habría ido a parar a manos de Pinilla y su exmarido: 1,16 ingresados en cuentas, 1,54 en metálico para comprar inmuebles, 344.415 euros en coches y viajes y 433.195 intervenidos en la casa. La Policía sospecha que parte de él serían "dádivas" de Aranade "por permitirles gestionar año tras año" la Sociedad Urbanística Municipal.

La Brigada de Blanqueo detectó un excedente de más de 400.000 euros en las cuentas de una empresa de Víctor; acreditó la llegada de 750.000 en metálico a las libretas de Jorge --él sostiene que eran premios de juegos de azar--, al que consideran beneficiado del afloramiento de otros 299.559 destinados a comprar viviendas y naves; detectó el ingreso de 110.397 de origen no justificado en las cuentas de Lola, titular de la caja de seguridad en la que el juez intervino 385.000 euros y a la que tenía acceso Mariví; y documentó que la tienda de muebles que regentaba Antonio facturaba el 80% de sus ventas a empresas que contrataban con el consistorio, y que a veces colocaban en actuaciones municipales los objetos que le compraban.

Ayer, Jorge, Antonio y Dolores defendieron ante el juez los mismos argumentos que expusieron ante la Policía cuando declararon a principios de junio. Jorge mantuvo que 755.000 euros correspondían a premios del casino de Zaragoza y que si sus cuentas registraban numerosos ingresos en metálico por debajo de las cantidades que hacen saltar las alarmas en el Banco de España --3.000 euros-- era para que sus padres no detectaran su afición al juego. Dolores señaló que el grueso del dinero hallado en la caja abierta a su nombre los tenía en metálico su hermano Nicanor cuando falleció. Y Antonio insistió en que las ventas de su tienda son legales. Todos negaron haber recibido dinero negro o sucio y desvincularon sus ingresos de la actividad de Mariví en la alcaldía.

Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado pidieron al juez que adoptara medidas cautelares --retirada del pasaporte, bloqueo de patrimonio o comparecencias periódicas-- contra ninguno de ellos.

http://www.elperiodicodearagon.com/noti ... kid=599075

La hermana y dos hijos de Pinilla aseguran al juez que sus ingresos millonarios son legales
La familia de la alcaldesa de La Muela, imputada por blanqueo de capitales, dice estar "muy tranquila" tras su comparecencia.



Contentos, satisfechos y tranquilos. Así se vio ayer a los miembros de la familia de María Victoria Pinilla, alcaldesa de La Muela, que estaban citados a declarar en el juzgado de La Almunia imputados por blanqueo de capitales. Tanto sus hijos Jorge y Toño Embarba Pinilla, como su hermana María Dolores, salieron de las dependencias judiciales "tranquilísimos", como dijo esta última, con las explicaciones que habían dado al juez sobre sus ingresos, que la Policía cuestiona y que ellos trataron de justificar. No obstante, ninguno de ellos dijo nada más ni quiso entrar en detalles sobre el interrogatorio.

Jorge y Toño Embarba y María Dolores Pinilla Bielsa, asistidos por Xenia Cabello, del despacho de Javier Notivoli, respondieron a las preguntas del juez, de la fiscal y del abogado del Estado sobre las imputaciones que les hace la Policía de blanqueo de capitales.

En concreto, a la hermana de la alcaldesa le interrogaron sobre los 378.000 euros que los agentes encontraron en la caja de seguridad número 273 de la oficina principal de Cajalón en Zaragoza, de la que ella era titular. María Dolores Pinilla mantiene que ese dinero procede de la herencia de un hermano que falleció -y que lo tenía en casa, en efectivo y sin declarar- y que es de todos los hermanos. La Policía, sin embargo, piensa que es de María Victoria Pinilla puesto que de las 49 veces que se abrió la caja, en 45 de ellas la tarjeta usada fue la de la alcaldesa.

Ingresos en efectivo
María Dolores Pinilla tuvo que explicar también a qué corresponden ingresos en efectivo que para los investigadores son de difícil justificación, como los 124.705 euros que recibió entre 2004 y 2007. La hermana de la alcaldesa alegó que proceden de su trabajo en la tienda de decoración de su sobrino Toño Embarba, pero especialmente de las comisiones por ventas, ya que su nómina es de 550 euros.

Señaló también que su madre le entrega anualmente el dinero por sus molinos de viento, algo que, según explicó, hace desde el primer año en que se instalaron ya que su madre valoró que ella estaba en peor posición económica que el resto de la familia. María Dolores Pinilla recordó al juez que su marido trabaja en la empresa Isolux Corsán y cobra, además de la nómina, incentivos y comisiones.

Por su parte, los hermanos Jorge y Toño Embarba, de 31 y 23 años, respectivamente, explicaron que comenzaron a trabajar muy jóvenes ya que ninguno quiso estudiar. El primero, que tiene una empresa de papel, declaró que su negocio funciona muy bien y que factura un millón y medio de euros al año. Así razonó el hecho de que en un periodo de ocho años pasaran por sus manos seis millones de euros. Parte de ese dinero se quedó en el Casino de Zaragoza y en apuestas y juegos 'on line', puesto que padeció ludopatía y está en tratamiento. Jorge Embarba llegó a pagar 300.000 euros con la Visa por deudas de juego y, según contó, trataba de cubrir los 'rotos' que hacía antes de que se enteraran sus padres.

Toño Embarba, por su parte, señaló que sus ingresos proceden de su tienda de decoración, que funciona muy bien.

Ambos negaron que Aranade, la empresa del también imputado Julián de Miguel, que se encargaba de gestionar el urbanismo de La Muela, fuera la que les costeó los coches de alta gama que conducen.

Precisamente el abogado de Julián de Miguel, Enrique Trebolle, que estuvo presente en los interrogatorios, manifestó que los miembros de la familia Pinilla habían estado "muy firmes y suficientemente convincentes" en sus declaraciones y que habían concretado que sus recursos eran "legales", que no procedían "del cargo o de las influencias de la alcaldesa" y que no era dinero "que pudiera considerarse ilícito".

La fiscal no pidió para ellos ninguna medida de seguridad y el juez tampoco lo consideró necesario.

http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza ... gales.html

Dos hijos y la hermana de la alcaldesa de La Muela dicen que sus ingresos son legales
Han declarado este lunes como imputados en el Juzgado de La Almunia por presunto blanqueo de capitales



El juez de La Almunia de Doña Godina, que se encarga de la investigación de la presunta trama de corrupción urbanística en La Muela, ha tomado este lunes declaración a dos de los hijos de la alcaldesa María Victoria Pinilla, y a una de sus hermanas, por presunto blanqueo de capitales. En sus declaraciones han manifestado que la procedencia de su dinero es lícita.

La abogada que los representa, Xènia Cabello, ha indicado a los medios de comunicación que "las declaraciones han ido fantásticamente bien, estamos muy satisfechos".

La toma de declaraciones ha comenzado sobre las 10.00 horas, y hasta La Almunia se ha desplazado la propia alcaldesa para acompañar a sus familiares. "Muchas gracias por venir", ha dicho a los periodistas presentes en las puertas de los juzgados.

A su salida, la alcaldesa ha comentado que "a mi no me han preguntado nada, no me han dejado entrar", ha señalado, para agregar que "la paz sea con vosotros".

Ante el juez Alfredo Lajusticia, además de los hijos de la alcaldesa María Victoria Pinilla, Jorge y Juan Antonio, y su hermana María Dolores Pinilla, ha comparecido también el exdirector de la oficina de Cajalón en La Muela. Todos ellos como imputados en la denominada 'Operación Molinos' como supuestos autores de un delito de blanqueo de capitales.

A la salida del Juzgado, María Dolores Pinilla, únicamente ha trasladado a los medios de comunicación allí congregados que "no voy a hacer declaraciones, ha ido muy bien, estoy tranquilísima".

El letrado Enrique Trebolle, que representa a otro de los imputados, Julián de Miguel, director de Aranade, empresa radicada en La Muela y que estaba especializada en la gestión inmobiliaria integral, y que ha estado presente en las declaraciones, ha manifestado al término de las mismas, que "en definitiva, han concretado que los recursos eran legales, que no procedían del cargo, influencias o consecuencias de la alcaldesa, y han estado muy firmes y suficientemente convincentes".

Los familiares de la alcaldesa ya declararon el pasado mes de mayo en dependencias policiales por las grandes cantidades de dinero que manejaban. Según las investigaciones, uno de los hijos, Jorge, ingresó unos 6 millones de euros en ocho años, dinero que justificó diciendo que lo había ganado en juegos de azar, en el Casino de Zaragoza.

Ha agregado Trebolle que, "en líneas generales la declaración ha ido en la línea de denegar cualquier tipo de imputación de origen ilícito del dinero, han dicho en todo momento que el origen es lícito y a través de empresas y recursos legales que ellos han aportado". Acerca de la declaración del exdirector de la sucursal de Cajalón, el abogado ha apuntado que "ha dicho que no conocía que se hubieran hecho ingresos irregulares".

'OPERACIÓN MOLINOS'

La Operación 'Molinos' se destapó el 18 de marzo de 2009, fecha en que fue detenida la alcaldesa, y cerca de 40 personas están imputadas, además de María Victoria Pinilla, por once delitos de índole económica, y dos de sus concejales, Juan Carlos Rodrigo Vela y Fernando Miguel Barba Marcén, imputados ambos por ocho y tres delitos, respectivamente.

Pinilla y Rodrigo Vela ingresaron en prisión preventiva el 23 de marzo y salieron de la cárcel, bajo fianza, el 17 de junio de 2009, en el caso del concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, tras pagar 150.000 euros, y el 21 de julio, María Victoria Pinilla, que tuvo que aportar una fianza de 800.000 euros.

De la familia de la alcaldesa figuran como imputados su hermana María Dolores, su ya exmarido Juan Antonio Embarba, y tres de sus hijos Víctor, Jorge y Juan Antonio.

http://www.europapress.es/aragon/notici ... 45315.html

[Criticón]

Un imputado alega que Lajusticia permitió un delito para salvar el caso
El constructor que facturó obras no ejecutadas pide el archivo de sus cargos.La Muela cobró de la DGA 600.000 tras certificar algunos trabajos inexistentes.


El juez de La Almunia instruye la Operación Molinos

La defensa de Antonio Fando, uno de los 41 imputados en la Operación Molinos, ha pedido al juez de La Almunia el sobreseimiento de las actuaciones contra él alegando, entre otros aspectos, que el juez, pese a estar sobre aviso, permitió la comisión del supuesto delito por el que está encartado para evitar que el grueso de las investigaciones del caso La Muela se fueran al traste.

Fando fue detenido el 18 de marzo del 2009 por cohecho, exacciones, tráfico de influencias, malversación y falsedad. Los dos últimos cargos surgen de la elaboración de facturas por obras adjudicadas a su empresa que no habían sido ejecutadas y que presentó al ayuntamiento junto con otras por trabajos efectivamente realizados.

En su segunda declaración ante el juez de La Almunia, Fando confesó que había elaborado las facturas mendaces por indicación de la alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla. Diecisiete de ellas fueron certificadas mediante documentos en los que la firma del arquitecto municipal, Francisco Núñez, fue falsificada por alguien que todavía no ha sido identificado.

Las certificaciones y las facturas --tanto las mendaces como las correctas-- sirvieron de soporte documental para que el 20 de diciembre del 2008, cuando la Brigada de Blanqueo llevaba ya casi un año investigando la supuesta trama de corrupción urbanística de La Muela, el Instituto Aragonés del Agua ingresara una subvención de algo más de 600.000 euros al consistorio.

18 DÍAS El escrito de la defensa de Fando señala que la posible infracción penal debería ser considerada, en todo caso, en grado de tentativa, ya que, según consta en las diligencias, "se conocía desde el 2-12-2008 que al parecer se iba a cometer el fraude y que el dinero llegaba el día 20-12-2008 (18 días más tarde)". "Una vez levantado el secreto del sumario --añade el letrado--, sabemos que la Policía pudo evitarlo y no intervino, que informó al señor juez y que este tampoco intervino".

El defensor muestra, por otro lado, su disconformidad con "las razones que nos ha señalado" el juez para no impedir el pago: "Abortar el delito de fraude en las subvenciones como apunta la defensa y descubrir las investigaciones que en ese momento se estaban llevando en secreto hubiera provocado el fracaso de buena parte de la instrucción".

En las últimas semanas del 2008, las intervenciones telefónicas de la Operación Molinos revelaban que varios de los asuntos centrales de las pesquisas estaban al rojo vivo: eran frecuentes los contactos en los que los investigados hablaban del futuro del SR-1, de la sexta fase de Centrovía, de la situación económica del CD La Muela, de obras municipales y de la situación financiera de Brocover, cuyo jefe, José Carlos Fernández, conversaba días antes con su socio Miguel Ángel García sobre el "cuarto de kilo en lonchas" que la Policía vincula con un pago de 250.000 euros en efectivo. Un paso en falso del juez o la Policía habría desbaratado las pesquisas.

El escrito de la defensa indica, por otro lado, que las facturas mendaces que elaboró Fando no cumplen los requisitos que exige el Código Penal para una condena por falsedad y que, además, las realizó por indicación del consistorio. Sostiene que la corporación actuó de acuerdo con un "plan preconcebido" en el que el constructor fue utilizado "como mero instrumento". "No nos consta que nadie se haya lucrado o apropiado indebidamente del dinero obtenido con la subvención", añade.

http://www.elperiodicodearagon.com/noti ... kid=599652

La Audiencia avala el ritmo de las pesquisas de la Policía

La Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza avala en un auto el ritmo con el que la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía desarrolla las pesquisas de la Operación Molinos. El tribunal rechaza en un auto requerir a los investigadores para que entreguen al Juzgado número 1 de La Almunia "de inmediato, y sin demora", sus conclusiones sobre la documentación intervenida en la empresa zaragozana GUZ. Los magistrados concluyen que el hecho de "que el informe no se haya aportado aun no puede considerarse censurable", tal y como había señalado la Fiscalía. Por otro lado, la Audiencia recuerda que "parte de dicha documentación incautada ya obra en el expediente", a lo que añade que "el resto tiene notable complejidad", por lo que la Policía necesita "el tiempo imprescindible y necesario" para elaborar el informe, que se halla "en estado avanzado".

http://www.elperiodicodearagon.com/noti ... kid=599651